Derecho a la verdad

Estamos en presencia de una de las masacres carcelarias más impactantes de nuestro país y hasta del mundo. Las cifras oficiales hablan de más de sesenta personas fallecidas y casi un centenar de heridos, a raíz de unas intervenciones policiales y militares realizadas en el establecimiento penitenciario de Uribana.

Ante esta gravísima situación lo que pretende el Gobierno es la censura. Ya han salido con el clásico patrón de la instigación o la zozobra generada por los medios de comunicación, como supuestos causantes de la tragedia. No tardarán en llegar los nuevos procedimientos administrativos contra Globovisión y las persecuciones penales contra cualquier periodista independiente que pretenda divulgar lo sucedido. Como siempre, la culpa es de la televisión y no de quienes están en la obligación de resguardar la seguridad y la vida de los reclusos.

Lejos de permitir censura y silencio, una situación tan grave como esta requiere de la más absoluta transparencia. Los venezolanos, y sobre todo los familiares de los reclusos fallecidos y heridos, tenemos el deber de conocer en detalle lo que causó esta masacre. Y es obvio que para conocer la verdad se requiere no solo la versión de la Ministra del ramo, sino la opinión de familiares, testigos, instituciones independientes, entre otros.

Es decir, se requiere de una investigación independiente, la cual podría estar dirigida por la Asamblea Nacional y/o una comisión imparcial integrada por personas sin agendas políticas. Obviamente, tanto el Parlamento como la comisión investigadora deben entrevistar al Gobierno, a los familiares y hasta los propios reclusos. No se puede tolerar el aislamiento de las víctimas. Deben salir a la luz pública todas las versiones, para de esta forma poder determinar las responsabilidades.

No podemos admitir tanta impunidad. Si los reclusos estaban armados y exigían condiciones de imposible cumplimiento, debe entonces conocerse qué hicieron las autoridades para resolver ese problema. ¿Se actuó en forma proporcional y adecuada? ¿Se trató de preservar la vida de los reclusos? Son tan solo algunas de las inquietudes que deben abordarse. Lo que sí es inadmisible es que no se determinen las responsabilidades del caso; y por favor, que no se nos insista con la idea de que los culpables son los medios de comunicación.

Basta ya de tanta censura y complicidad. Esta situación no puede avalarla ni el más acérrimo chavista. La política no puede estar por encima de la dignidad humana. Tenemos que exigir las responsabilidades y sobre todo, tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a suceder.

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