Para erradicar la inflación de una vez por todas de nuestro país, el gobierno nacional tiene al menos dos alternativas: (i) llevar a la práctica (a ultranza) la receta monetarista, por supuesto, al costo de una disminución abrupta del producto y el empleo en el corto y mediano plazo y, por tanto, de una pérdida inmediata de la popularidad del Gobierno, o (ii) cambiar radicalmente de dirección, e implementar más bien una política keynesiana de negociación de ingresos, la cual no implica una disminución del producto y el empleo, sino todo lo contrario. (En sus palabras, esto último es lo que sugieren los empresarios).

Optar por la segunda alternativa implicaría que el Gobierno actúe como árbitro imparcial en las negociaciones entre empresarios y trabajadores, en vez de tomar partido por un sector en particular. Igualmente, implicaría reducir el riesgo jurídico y político, así como también fomentar la inversión real y combatir la especulación financiera y cambiaria; más aún, requeriría generar condiciones de rentabilidad del producto nacional, dando fin a la sobrevaluación monetaria y de los salarios.
La persistencia inflacionaria en Venezuela se debe fundamentalmente a que los salarios suelen incrementarse desde Miraflores en función de las variaciones del precio del crudo, en vez de en función de la evolución de nuestra productividad media. Es responsabilidad del gobierno nacional negociar y promover acuerdos intersectoriales para que los aumentos salariales por industria no excedan el incremento de la productividad media. Precisamente, durante los últimos años, no haber hecho esto ha conducido al alza de los costos unitarios de producción y, por tanto, de los precios, y la tasa de cambio paralela.

En Venezuela, desde 1974, los gobernantes se han caracterizado por mezclar distintas dosis de monetarismo y populismo. Nuestra economía, desde entonces, ha quedado entrampada en un proceso de inflación persistente, arrojando una inflación anual promedio del 27.3% durante los últimos 35 años (BCV).

El Gobierno en los últimos años ha implementado políticas deflacionarias asociadas a restricciones monetarias, para luego decretar incrementos salariales que están por encima de los aumentos en la productividad. No debe, por tanto, sorprendernos que no puedan controlar la inflación del producto interno, ni, muchos menos, el alza del tipo de cambio, causa primordial de la inflación de precios del producto importado.

El camino deseable para abatir la inflación en nuestro país es abandonar la contradictoria dosis de populismo y monetarismo que ha caracterizado la política económica de los últimos años; el populismo porque ha sido causa primordial de la inflación en Venezuela, al conducir a incrementos artificiales de los salarios que no guardan proporción con la evolución de nuestra productividad media sino con las fluctuaciones del precio del crudo y el ciclo político-electoral; y el monetarismo porque ha coadyuvado a profundizar el problema del desempleo y subempleo, al tratar la inflación como un problema de demanda (o un problema monetario), en vez de percibirlo como un problema de oferta, o costos, tal y como los empresarios de nuestro país manifiestan a diario que es el caso.

El corolario político es que, desde el punto de vista del producto y la ocupación, preferible es controlar la inflación por medio de acuerdos institucionales entre los distintos sectores, en vez de aplicar dosis infructuosas de populismo y monetarismo. Necesario es negociar los incrementos salariales en función de los aumentos de la productividad media del trabajo, en vez de hacerlo en función del antojo de los gobernantes, las fluctuaciones del precio del crudo, o motivaciones político-electorales.

El problema de fondo es que, en el conflicto político-distributivo que en la actualidad divide a los venezolanos, el gobierno nacional no quiere jugar el rol que le corresponde: el de árbitro imparcial.

Visitante académico en el New School University, NY, EEUU
Profesor del CENDES/UCV
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