La actitud de la comunidad internacional frente a la situación hondureña ha sido tan superficial como anacrónica. Lo primero que ha debido discutirse en los foros internacionales serios es la causa de esta situación. Sin lugar a dudas, el origen de la anomalía se encuentra en una actitud abusiva, antidemocrática y violadora de la Constitución por parte del señor Zelaya, quien quebrantó principios explícitos de la Constitución hondureña y desobedeció una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país, así como decisiones de su Parlamento.

Era de esperarse la condena a la intervención militar, sin embargo, focalizarse sólo en este aspecto del problema es una peligrosa pérdida de perspectiva. Si bien ello refuerza la idea del respeto que debe tener el estamento militar al gobierno civil, contradictoriamente, el apoyo expedito e incondicional que se le ha dado al depuesto Presidente refuerza una temeraria idea que recorre América Latina según la cual la democracia es un problema meramente procedimental, reducido al hecho de elegir al Presidente por mayoría. Esta concepción no sólo es obsoleta sino totalmente errada en la sociedad occidental contemporánea. La democracia es una construcción institucional fundamentada sobre tres pilares: el Estado de Derecho, la separación de poderes y una moralidad política cuya expresión más concreta son los derechos humanos. Para la comprensión cabal de una situación como la planteada en Honduras no puede obviarse el análisis de los pasos dados por Zelaya a la luz de estos tres elementos. El ánimo reeleccionista, contrario al exacerbado celo que la Constitución hondureña pone en el rechazo a esta posibilidad; el desacato pendenciero a una sentencia judicial y las implicaciones que estas actitudes traen en cuanto al respeto a los derechos humanos han debido haberse tomado en cuenta por la comunidad internacional a la hora de pronunciarse sobre tan delicada situación.

Por otro lado, llama la atención que hasta el momento de escribir esta nota no ha habido una sola voz que haya condenado tajante e inequívocamente las impertinentes y abiertamente antidemocráticas actitudes y expresiones de Hugo Chávez exhortando a la Fuerza Armada del país centroamericano a insurreccionarse, promoviendo la formación de un frente guerrillero y expresando, sin pudor alguno, que (él en lo personal) hará todo lo que tenga que hacer para derrocar al nuevo gobierno -incluyendo el eventual envío de soldados venezolanos en plan de invasores-, todo lo cual no sólo es una grosera e inaceptable intromisión en los asuntos internos de otro país sino una afrenta al sistema democrático.
La alcahuetería internacional con las conductas que socavan la institucionalidad democrática es tanto o más dañina que la extraña intervención de los militares hondureños que dieron paso a un gobierno civil que ha declarado que mantendrá un proceso electoral que, paradójicamente, Zelaya pretendía vulnerar.

Dejar pasar por debajo de la mesa el hecho de que Chávez y sus pupilos, han realizado -o pretenden realizar- cambios constitucionales para perpetuarse en el poder es el más grave perjuicio que se le puede causar a la democracia en América Latina. ¿No lo creen? Entonces no le pregunten a Evo, a los Kirchner, a Ortega, a Correa o al padrote paraguayo. Mucho menos al de aquí o a Zelaya. Pregúntenle a Álvaro Uribe.

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