En un país acogotado por gravísimos problemas sociales, en el que percibimos la inseguridad como el mal grave que nos amenaza a diario, en el que los centros de salud no funcionan, ni mucho menos la justicia, siendo generalizada la impunidad, con graves signos de carestía, desabastecimiento, hambre y con ausencia marcada de instituciones confiables, nos damos el lujo de debatir permanentemente sobre artículos, incisos, parágrafos y apartados de normas legales que nadie conoce, bajo el pontificado de abogados de parte del oficialismo o de la oposición.

Un gobierno que no conoce límite alguno cuando se trata de la "revolución", defiende con códigos en la mano sus decisiones, mientras nosotros le hacemos el juego con las citas de los grandes maestros del derecho.

Y, por supuesto, en este debate, el fondo de los problemas resulta relegado y ello da lugar a que nos quedemos en la superficie discurriendo inútilmente sobre términos, acepciones y juegos de palabras que, en definitiva, servirán para confundir a la población y justificar cualquier decisión. Esto ha ocurrido en los últimos tiempos con los debates sobre las inhabilitaciones políticas y los habilitados para legislar.

El problema de fondo es claro en el primero de los asuntos, aunque el máximo tribunal haya dicho lo contrario. Un funcionario que no es un juez penal no puede imponer una pena, con lo cual impide el ejercicio de derechos sin los cuales no hay democracia: el derecho al sufragio.

El problema de fondo en el segundo asunto es también evidente. Quien no tiene la facultad para legislar sino de manera extraordinaria y en circunstancias especiales, no puede asumir tal posición y ejercerla a discreción, sin consultar a nadie, disponiendo de los derechos fundamentales ciudadanos y al margen de reglas básicas de un sistema democrático que demanda efectiva participación .

Ciertamente el Contralor no puede inhabilitar políticamente a nadie porque la restricción de ese derecho le corresponde a un juez penal según la Constitución, pero tampoco puede el Ejecutivo legislar sin más, al margen de la Constitución.

Las reglas del juego democrático están en la Constitución y sus normas deben interpretarse buscando el espíritu y la voluntad del pueblo en quien reside la soberanía.

Estos son los verdaderos problemas: si no hay autonomía de los poderes y todo se concentra en el Presidente -Legislador, Contralor, Juez, Administrador y Jefe de Partido- la Constitución y la democracia es una mera ilusión, en la cual, recurrir a los órganos judiciales se ha convertido en una simple fórmula "para conformar un expediente", con la certeza de que allí no se dará la razón a quien la tiene, sino a quien manda y el respeto a los derechos ciudadanos solo parece operar para quienes son afectos al Gobierno.

El venezolano común si bien no entiende los tecnicismos jurídicos ni, mucho menos, las argucias leguleyescas, sí entiende que el poder se ha concentrado absolutamente en una persona, que ello no es democracia y que el reconocimiento de los derechos ciudadanos solo tiene que ver con un grupo de privilegiados.

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