Un importante número de corporaciones se han movido, o están por hacerlo, desde el control privado hacia el estatal. La cuantiosa magnitud de recursos públicos involucrados en estas transferencias ha encontrado una variedad de justificaciones, prevaleciendo la de un carácter estratégico, razones de soberanía e interés social principalmente. Cualquiera sea la dimensión que escojamos para medir, el sector publico de la economía adquiere una importancia que obliga a diseñar y proponer al país, para su discusión, una política gerencial que permita evaluar su desempeño versus los cuantiosos recursos presupuestarios o externos a él, pero en todo caso públicos, que han requerido. La organización económica capitalista, en cualquiera de sus formas, es controlada simultáneamente por la competencia, las regulaciones estatales y la posibilidad de bancarrota. Las organizaciones económicas del Estado carecen de mecanismos transparentes que superen la consideración política del alto gobierno o del Parlamento. Las exigencias de protagonismo y participación democrática y en especial el desarrollo de la contraloría social por un poder popular que apenas comienza con sus primeros pasos, obligan al poder constituido a trabajar a toda maquina sobre la teoría y practica de la gestión publica revolucionaria. El PODER POPULAR, con mayúsculas, debe recibir "cuentas claras" de los gerentes que en su nombre manejan recursos, constitucionalmente propiedad de los venezolanos. El Poder Ciudadano, en este caso Contraloría y Fiscalía, reconociendo al poder popular como expresión real de la soberanía del pueblo, deben facilitar el ejercicio de un verdadero control de gestión de las empresas públicas. El presidente Chávez esta en la obligación de evitar que estas estatizaciones acaben en más de lo mismo, asegurando con un verdadero control social que las empresas sean en verdad públicas, no meramente estatales.

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