La Constitución de 1999 creó un nuevo derecho y un deber a la vez: invertir en uno mismo y hacerse más productivo, mediante los gastos en ciencia, tecnología e innovación. Esta institución jurídica se suma a los clásicos derechos/deberes que han existido desde hace siglos, tales como los derechos y deberes a la educación, al trabajo, a la justicia (jurados o escabinos) y al voto.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación ("LOCTI") está vigente desde el 3 de agosto de 2005. El derecho y deber de invertir comenzó a materializarse desde el 1° de enero de 2006.

La teoría de los derechos humanos de Kant creó la noción del "deber perfecto" que consiste en afirmar que "de cada derecho nace un deber". En el presente caso se trata de un deber nacido hacia el mismo titular del derecho. Obviamente, surgen otros deberes para el Estado (garantizar ese derecho/deber, p. Ej.).

El Estado Democrático y Social, surgido de la Constitución de Weimar se vio fortalecido, luego de la II Guerra Mundial, en la Constitución alemana de 1947 por el vigor alcanzado por los derechos/deberes ya dichos. En nuestro país, se deben mencionar las constituciones de 1947 y 1961, las cuales plasmaron normas similares. En 1999, con el Título III constitucional el tema se vio renovado y fortalecido. Son varios los Tratados Internacionales que le dan respaldo global.

De otra parte, la Sala Constitucional del TSJ sentenció que los derechos humanos constitucionalizados son lo mismo que los derechos fundamentales. O sea, este derecho/deber es universal, interdependiente, indivisible, inalienable, inviolable e igual a todos los demás derechos.

La LOCTI tiene una base jurídica que le ha permitido ser eficaz en la práctica, hasta ahora, como se ve en la naciente relación entre las empresas, las universidades y el Estado.

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