Un régimen podrido

A LOS BADULAQUES del Gobierno no se les ha ocurrido mejor idea ante la tragedia que vive la sociedad, que amenazar a los medios de comunicación y acusar a la oposición del shock que experimentan los ciudadanos. Este régimen es responsable de los asesinatos de los hermanos Faddoul, del trabajador Miguel Rivas, del fotógrafo Jorge Aguirre, del empresario Filippo Sindoni y de los miles de secuestrados y asesinados, víctimas del hampa común, política o policial. Y lo es, no porque en Venezuela no hubiese habido crímenes graves, sino porque los crímenes de ahora forman parte de una escalada de violencia sin control, auspiciada por el militarismo socialista del gobierno de Chávez.

CIFRAS ATERRADORAS. Roberto Briceño León, uno de los estudiosos más destacados sobre la violencia, ha mostrado cifras que erizan: en los años inmediatamente anteriores a este gobierno las cifras de asesinatos alcanzaban la aterradora cifra de más de 4.000 por año. En estos años de revolución sobrepasan los 13.000.

Lo que ha ocurrido es fácil de documentar. Chávez inició su ingreso en la política, en febrero de 1992, con un baño de sangre. Cuando tomó posesión de la Presidencia increpó a la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, y la conminó a aceptar que un padre podía robar para darle de comer a su hijo hambriento (en vez de sugerir, por ejemplo, la creación de empleos). La historia de la creación de un ambiente bestial es bastante conocida: invasiones de fundos privados, invasiones de edificios, conversión de asesinos en héroes revolucionarios, absolución del malandraje que hostiga y ejerce violencia contra la disidencia y contra los periodistas, creación de ghettos urbanos en los cuales no puede transitar quien sea considerado disidente; en fin, la creación de un entorno urbano lleno de violencia y crimen impune. Todo esto sin contar el pillaje masivo que ejerce la nomenclatura oficial y la nueva burguesía bolivariana sobre los dineros públicos.

El resultado ha sido un ambiente social en el que se ha destruido la institucionalidad pública, se ha vulnerado el imperio de la ley y se ha puesto como credencial que otorga superioridad social la de ser parte del régimen, sea como funcionario o como militante. En estas condiciones, todo el que se cubra con la bandera roja del chavismo tiene impunidad.

Esta situación ha propiciado una guerra civil de baja intensidad, cuya avanzada es el hampa común, política y policial, que se guarece bajo la mampara del líder.

EL PAPEL DE CHAVEZ. Chávez es responsable directo de esta situación de violencia nacional creciente. El liderazgo que ha ejercido en una porción importante, aunque decreciente, de la sociedad, ha servido para estimular la desobediencia a la ley, la confrontación y el odio, sobre la base de la idea de que la revolución es el valor superior que subordina a todos los demás. La supremacía de la revolución frente a la Constitución y a las leyes, es lo que ha creado el tobogán del terror que se vive.

La violencia de la palabra presidencial es un acto político, tan violento, como descerrajarle una mandarria en el cráneo a algún ser indefenso. Cuando el Presidente ataca, lo que hace es fijar un objetivo para que los otros hagan el trabajo sucio; él se convierte en el real inspirador del terror que vive el país.

El hastío frente al crimen desenfrenado es uno de los factores para que el descontento se haya convertido en manifestación general. Entre la destrucción de la infraestructura del país, la carencia de empleo productivo y formal para la mayoría de los ciudadanos, la ruina de la salud y de la educación públicas, y el imperio del crimen, se ha creado un cerco sobre los ciudadanos, que no discrimina clase social alguna. Sólo los personajes del régimen están protegidos por montañas de billetes y de guardaespaldas.

LA REVOLUCION Y LA DELINCUENCIA. El Gobierno sembró la violencia desde el comienzo de su gestión. Los círculos del terror se crearon como bandas armadas destinadas a confrontar por la libre a los opositores, en las calles, y así adquirieron legitimidad revolucionaria. Eran la contrapartida de los cuerpos policiales en las ciudades dirigidas por alcaldes pertenecientes a partidos de oposición.

Cuando el Gobierno tomó posesión de la mayor parte de gobernaciones y alcaldías, la función de agentes del terror de los grupos parapoliciales la pasaron a desempeñar directamente la Guardia Nacional y las policías de cada jurisdicción, especialmente en Caracas. Los grupos armados ilegales siguieron subsistiendo; algunos de sus miembros fueron agregados a los cuerpos policiales, como ha sido el caso de los "tupamaros" incorporados por Juan Barreto a la PM. Así apareció, tal vez con otros componentes, ese tipo de organizaciones cuyos miembros pueden circular en las calles, armados, sin identificación alguna ni en sus uniformes ni en sus vehículos y que ejercen la disuasión mediante el terror que su presencia infunde. Uno de ésos mató a Jorge Aguirre.

Nadie puede adivinar cuándo los ciudadanos se topan con este malandraje en alcabalas, motocicletas o manifestaciones, si están en funciones oficiales en sus horas de trabajo, si están en su tiempo libre para el ejercicio de la delincuencia o si, para no malgastar las horas del día, están en sus dos funciones.

FALSAS SOLUCIONES. El Gobierno quiere usar esta ofensiva criminal que ha dejado al país enfurecido para avanzar en un proyecto de concentración aun mayor del poder, mediante la creación de la policía nacional. Esta idea, hija del centralismo, busca crear un cuerpo armado mayor que todo el contingente de la FAN, a disposición de la voluntad del autócrata. Significa la puntilla contra la descentralización, ya moribunda, porque despojaría a gobernadores y alcaldes de los instrumentos para obligar al cumplimiento de la ley en los planos regional y municipal.

Ya se tiene la experiencia de policías nacionales, como la policía criminal, la política, la de inteligencia militar y las funciones policiales de la Guardia Nacional, todas en el colmo de los fracasos.

LA RESPUESTA DE LA CALLE. El país ha respondido vigoroso. Lo ha hecho con inteligencia, sin que su dolor y su rabia hayan disminuido en lo más mínimo. Ha sido una respuesta de solidaridad con las familias de las víctimas; ha sido una participación colectiva en el dolor, porque es la sociedad la que siente que les secuestran y matan a sus hijos; ha sido una protesta feroz contra el Gobierno. Y el Gobierno lo sabe.

La madurez cívica ha jugado su papel. Aunque hay millones que querrían que Chávez se fuera ya, ha habido autocontención; hay conciencia de que hay que reunir fuerzas y es necesaria la organización. Para quienes pensaban que esta sociedad estaba apática o desmovilizada, allí está la respues ta: la furia intacta; el deseo de cambio a flor de piel. Falta organización y dirección, para cuando la hora sea llegada. Y, sin duda, la hora del juicio final de los ciudadanos hacia este poder corrompido, lle gará.

carlosblancog@cantv.net