EL DESPOJO que está ocurriendo en Venezuela, marca la pauta
de lo que este régimen tiene como fin último: estatizar
el país y convertir a los ciudadanos en siervos dependientes
de su arbitrio. Esto es, esclavizarlos. Las llamadas "cartas
agrarias" no convierten a los recipendiarios de ellas en propietarios.
Los hacen siervos de un señor feudal que, en una acto de
gracia, les permite hacer uso de esa propiedad que ha sido estatizada.
A los nuevos siervos no se les otorga títulos de propiedad.
Pero tampoco se les dice claramente en qué situación
quedan, con lo cual todo es un engaño, una trampa. Eso
no es progreso popular. Progreso popular es democratizar la
propiedad.
La cogestión, que luce como un acto magnánimo del
régimen, en el fondo es, un proceso estatizador. Asunto
éste muy distinto a abrir las empresas al capital público
a través del mercado de capitales. El régimen quiere
una sociedad débil, dependiente, arrodillada, mendicante.
Nosotros proponemos lo contrario, queremos una sociedad poderosa
y fuerte, que no tenga la bota estatal sobre su cuello. Porque
eso sí sería progreso popular.
La gente quiere lo que se la ha prometido: la propiedad
de su propio país, de su propio destino, de sus decisiones.
Pero este régimen, incompetente como el que más
en el arte de gobernar, vive en el máximo terror. Sabe
que modernizar la estructura burocrática lo pondrá
en situación de dependencia de los ciudadanos. Por
eso persigue, por eso apabulla, por eso incordia, atropella
y ha convertido a las Fuerzas Armadas en un ejército
de ocupación.
Pero Venezuela no tiene por qué ser el feudo de
un señor. Venezuela puede ser un país moderno,
abierto, emprendedor y progresista. ¿Puede el régimen
actual convertirse en el gran líder de esa Venezuela
que todos queremos? No. Porque su mentalidad oscurantista
no se lo permite. Tiene los pensamientos equivocados,
y su ejecutoria es consecuencia de esos errores.
Venezuela necesita un gobierno, no un régimen.
Para que el país prospere se requiere un gobierno
sano, abierto y participativo. Esto es, que rinda cuentas
y abra sus puertas a los actores de la sociedad. Que
haga partícipes y protagonistas a los diferentes
grupos sociales y políticos de su quehacer. Esto
implica gestión transparente y trabajo unido con
los grupos a quienes sirve en busca de mejores condiciones
de vida para todos. Un gobierno abierto y participativo
promueve el combate a la corrupción y genera confianza
a través de altos estándares de ética,
compromiso social y eficiencia en sus acciones. Es un
asunto de moral, de valores y principios. Del deber
ser de un país que ha caído en una vorágine
de ambiciones, egoísmos y oportunismos.
El país está enfermo, muy enfermo, y necesitamos
un medicamento poderoso, un antibiótico de la
nueva ge neración.
Julioaborges@gmail.com
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